Centros de pensamiento y las políticas públicas

¿Qué contribución pueden hacer los centros de pensamiento en el tema de la reducción de la pobreza? ¿Deberían ser invitados por el gobierno o reclamar otros espacios de participación e incidencia?

Las Estrategias de Reducción de Pobreza (ERP) en Nicaragua demuestran que tanto las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones conocidas como Centros de Pensamiento, o think tanks, deben ser incorporadas en su proceso de consulta y diseño. La experiencia de la elaboración de los ERP en 2000 y en 2005, demuestran que organizaciones externas expertas pueden monitorear y evaluar las políticas sociales con objetividad y datos empíricos para sustentar logros y ajustar fallas detectadas en su implementación.

La función primordial de los centros de pensamiento es analizar, informar y suscitar el debate público sobre los temas fundamentales para un país, así como elaborar diagnósticos y propuestas de políticas públicas que influyan en los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados. Su creciente relevancia en el proceso de formulación y evaluación de las políticas públicas se debe a su contribución en la conformación de ideas que circulan y difunden; y como en algunos casos, consiguen influir en las decisiones finales de los gobiernos en materia de políticas públicas.

Según una investigación realizada por la revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, los think tanks, en un contexto de restricciones de recursos, como el que habitualmente enfrentan los países de la región, ayudan en la eficacia y eficiencia del uso de los fondos de los programas sociales, y aseguran su continuidad.

En momentos en que el gobierno implementa su Plan Nacional de Desarrollo Humano
2009-2012, es importante revisar la relación con los centros de pensamiento y el resto de la sociedad civil. El gobierno dice haber establecido un diálogo permanente con diferentes sectores del país, utilizando la estructura del Consejo de Planificación Económica Social (CONPES), y sus recién instaurados Consejos de Poder Ciudadano (CPC), cuyo presunto carácter pluralista y de canal directo de demandas populares al gobierno ayudan a ejercer la democracia de manera directa, y no a través de sus representantes electos. Sin embargo, fuera del gobierno, estas estructuras son altamente criticadas por supuestamente condicionar la inclusión de representantes en base a su afiliación política.

Sin duda, el grado de participación de los think tanks en esta etapa de la lucha contra la pobreza estará influenciado por posibilidades y restricciones en la dinámica de funcionamiento e interacción con el Estado. Igualmente, la voluntad política de convocarlos y su nivel de participación es en función de la trayectoria o cultura de relacionamiento entre estos y el aparato público. Pero sería una equivocación que el Estado restringiera la participación de los think tanks, de todas las organizaciones de la sociedad civil y esferas políticas, empresariales, sindicales, religiosas y académicas, no solo en la formulación de las políticas sociales, sino para canalizar necesidades y demandas de los ciudadanos en situación vulnerable. Los espacios de debate y participación por parte del Estado ayudan a generar consenso sobre políticas públicas de mayor calidad y estables en el tiempo, al lograr acuerdos sobre aspectos centrales del desarrollo.

Esto quedó claro cuando el país elaboró su primera ERP en 2000 para ser admitido en la iniciativa de países pobres altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Entonces, diversos sectores de la sociedad criticaron el proceso de cerrado, por la poca participación de organismos de sociedad civil y el resultado fue una pobre implementación del mismo.

En el diseño de la segunda ERP en 2005, el gobierno logró incluir a una mayor participación de diversos actores y sectores. El CONPES, encargado de recopilar resultados y recomendaciones a nivel nacional, apoyaría al Presidente en la elaboración de los planes económicos y sociales del país. Sin embargo, a pesar de su capacidad de aglomeración, tuvo un limitado impacto directo en la formulación e implementación de la ERP y/o Plan Nacional de Desarrollo porque sus miembros eran seleccionados a discrecionalidad del Presidente de la República. Otra limitante fue que las organizaciones de la sociedad civil convocadas a la consulta por la Ley de Participación Ciudadana no contaban con suficiente experiencia técnica en el diseño de políticas sociales. A la fecha, eran muy pocos los centros de pensamiento existentes que pudieran aportar con insumos en la formulación, implementación y evaluación de políticas de reducción de pobreza.

La situación es diferente hoy Existen muchos centros de pensamiento tales como FUNIDES, que han acumulado experiencia y se han posicionado como entidades serias y objetivas. Es por eso, que deben demandar su incorporación en espacios formales de consulta instaurados por el sector público, pero a la vez, se deben crear otros espacios de discusión con la participación de la sociedad civil y la comunidad donante. Sería beneficioso incluir insumos de instancias locales dedicadas a la investigación, análisis y generación de propuestas de políticas públicas para que el proceso de consulta, implementación y evaluación de Estrategias de Reducción de Pobreza sea incluyente y genere la tan añorada eficiencia. El éxito de su gestión será posible en la medida que reclamen espacios de incidencia, ya sea por vías formales o de manera indirecta, por medio de actores influyentes. Lo que cuenta es asumir una actitud proactiva y canalizar información e ideas de gran relevancia para procesos de toma de decisiones con la finalidad de reducir pobreza.

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