Instituciones de Microfinanzas necesitan fortalecer marco regulatorio para proveer microcréditos a sectores de escasos recursos

El sector de las micro financieras, ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo económico y social de nuestro país, ya que atienden a más de 270,000 nicaragüenses de bajos ingresos, contribuyendo de esta forma a la generación de empleo y a la reducción de la pobreza.

Más de la mitad de los créditos provenientes de Instituciones de Microfinanzas (IMF), afiliadas a la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), están concentrados en los municipios de alta pobreza en Nicaragua.

En los últimos dos años las IMF han tenido problemas debido a su crecimiento muy rápido en la década pasada, donde sus activos se cuadriplicaron mientras su capital sólo se duplicó, la recesión del 2009 y el movimiento de “no pago”, también influyeron. Estos problemas reflejan en parte la carencia de un marco regulatorio apropiado.

Ante esta situación, FUNIDES en su primer Informe de Coyuntura Económica de 2011, recomienda fortalecer la institucionalidad de las IMF para atraer financiamiento y aportes que le permitan continuar y acrecentar su apoyo a los sectores que no son atendidos por la banca tradicional, mejorando dentro de un marco de libre mercado, sus prácticas de concesión de créditos y su gobernanza, inclusive en la transparencia en sus costos y el cobro de intereses.

Ley de Fomento de Instituciones de Microfinanzas

La Ley de Fomento  de Instituciones de Microfinanzas propuesta por ASOMIF está en línea con estas recomendaciones. Es moderna, con objetivos claramente definidos, incluye mejores prácticas internacionales, y le da debida importancia al fortalecimiento institucional y de gobernanza del sistema.

La Ley establece una Comisión Reguladora Autónoma con funciones de regulación y supervisión claramente definidas; un sistema de supervisión delegada con procedimientos claramente definidos. Incluye explícitamente una definición uniforme de microcrédito pero es relativa al tamaño de la IMF.

Permite también la participación de corporaciones dentro de las microfinancieras, lo que aumentaría los recursos disponibles, sin contemplar la captación de depósitos. Además define un monto de US$ 200 mil de capital mínimo. No hay requisitos de adecuación de capital, pero

esto no es fundamental ya que no se permite a estas instituciones la captación de depósitos.

También trata de forma apropiada el problema de la concentración del crédito, ya que impone un límite de 1 por ciento del patrimonio neto para los créditos; y 2 por ciento en caso que los créditos estén respaldados con garantías reales.

La ley define de forma explícita las organizaciones que tienen permiso para prestar.  Incluye también cláusulas que regulen dietas y transacciones con funcionarios o empresas relacionadas.

Protege razonablemente a los consumidores contra prácticas abusivas de crédito y cobro incluyendo mecanismos de reclamo y apelación y permite que las IMF actúen como agentes comercializadores de microseguros y micropensiones, pero serían compañías de seguro especializadas las que otorgarían las pólizas. También permite corresponsalía con los bancos.

Finalmente la Ley establece que los costos de regulación y supervision serían asumidos por las IMF. Sin embargo, no contempla el establecimiento por parte del órgano regulador/supervisor una formula uniforme para el cálculo de la tasa de interés incluyendo otros cobros, lo que no permitiría a los prestamistas, evaluar el costo del préstamo; y qué institución le ofrece la tasa más favorable.

 

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